Este lunes 31 de julio la Alcaldía de Popayán junto a Gobernación del Cauca, Ministerio del Trabajo e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conmemoraron el Día Mundial contra el delito de Trata de Personas.
Con dramatizados, volantes y pancartas, la Administración Municipal se acercó a la ciudadanía con su campaña “Que no te engañen, de eso tan bueno no dan tanto” para explicar en qué consiste este delito, hacer un llamado a la prevención a través de la enseñanza y recomendaciones de cuidado; además de alertar a todos acerca de cómo deben denunciar en caso de que identifiquen potenciales riesgos.
“El delito de trata de personas es uno de los mayores flagelos a nivel mundial. Estamos haciendo frente con acciones de prevención para que nadie en Popayán caiga en este delito. Estamos sensibilizando a la ciudadanía en parques, colegios, aeropuertos, centros de reunión. Los invitamos a denunciar en la línea 018000522020”, señaló la secretaria de Gobierno municipal, Isabel Cristina Tobar Zambrano.
De igual forma, la funcionaria hizo un llamado a la precaución y a la no entrega de datos y documentos personales a ninguna persona.
Cabe mencionar que, este delito afecta a todas las personas sin distinciones. Según las Naciones Unidas, el 42% de las víctimas son mujeres, el 23% hombres, el 18% niñas y el 17% niños. Las mujeres y los niños son sometidos a violencia física o extrema a manos de tratantes en una proporción tres veces superior a la de los hombres. Por tanto, la explotación sexual es el destino del 38,7 % de las personas atrapadas en las redes de trata. La mayoría de ellas son mujeres y niñas. Los hombres y niños son destinados, fundamentalmente, al trabajo forzado.
A nivel nacional, la campaña para el Día Mundial contra la Trata de Personas de 2023 tiene como objetivo sensibilizar sobre los alarmantes acontecimientos y amenazas identificados por el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y hace un llamamiento a los gobiernos, las fuerzas del orden, los servicios públicos y la sociedad civil para evaluar y mejorar sus esfuerzos para fortalecer la prevención, identificar y apoyar a las víctimas, y poner fin a la impunidad.